El coronavirus abrió desafíos y riesgos para todo, en particular para la educación. Expectativas también. Una de ellas, para determinado sector, es la ineludible utilización de las tecnologías de información y comunicación para dar “un salto al futuro”. Sin embargo, otros, sin menospreciarlas, las ven como un instrumento válido, pero complementario al necesario desarrollo de la pedagogía. Lo sustantivo, en realidad, es impulsar un nuevo modelo pedagógico, donde la presencialidad seguirá siendo considerada una condición indispensable para el desarrollo de las capacidades sociales y de comunicación de los estudiantes, básicas para el fomento de los aprendizajes.

Los interrogantes se multiplican frente a la inevitable apertura de clases y la necesaria continuidad del proceso educativo en medio del peligro de transmisión del letal virus. Las enormes carencias de conectividad del país no podrán ser cubiertas en plazos cortos ni medianos, debido a las restricciones de la caja fiscal. E incluso, de manera hipotética, aunque se contara con una cobertura del 100% de internet en todo el territorio nacional, quedan pendientes problemas estructurales, como la existencia de una mayoría de hogares rurales, que no cuenta con computadoras, teléfonos inteligentes y televisores, y que en muchas de estas familias, los padres y madres son analfabetos, por lo que su acompañamiento es casi nulo para desplegar una propuesta de educación abierta, sea online, radiofónica o TV educativa.

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Por esto, es fundamental la presencia  del maestro para viabilizar el proceso educativo, y necesario estimularlo para que ayude y participe en cualquier escenario, sobre todo en el adverso.  Pero los docentes, que pagan de sus bolsillos el internet, están desmotivados, angustiados e indignados por la marcha del sistema educativo. Reciben de manera impuntual sus salarios, se reduce las horas laborables para rebajar sus remuneraciones, aunque trabajan diez o más horas diarias;  y han recibido, según sus denuncias, capacitación deficiente, extemporánea o ninguna, por problemas de conectividad. 

La preocupación docente aumenta, cuando se habla de posible retorno a la presencialidad en cientos o miles de escuelas que carecen de agua potable, servicios higiénicos, lavamanos, infraestructura elemental para enfrentar al maligno virus, según los epidemiólogos. Malestar que se incrementa por el recorte del presupuesto educativo para estas necesidades y otras políticas indispensables. En tal circunstancia el maestro pierde confianza y respeto a las autoridades y a sus directrices, que corren el riesgo de no aplicarse. Nuevamente, los tomadores de decisión no aprenden que sin el profesor, las políticas no tienen impacto en las aulas.    

El escenario educativo es catastrófico para los niños pobres. Una madre de familia del pueblo Karanki es categórica cuando dice: “mi hijo en estos meses no aprendió nada, y temo que el próximo año le irá peor”.  Por eso, estas familias los han retirado del sistema educativo, para integrarlos al proceso productivo. De hecho, en Ecuador hay un incremento del trabajo infantil y en perspectiva viene un explosivo aumento del abandono escolar, expresado en la no matriculación.

La crisis también se manifiesta en la educación privada, particularmente de sectores sociales medios y pobres de las ciudades. Se expresará en rebaja de sueldos de autoridades y profesores, precarización del trabajo docente, despidos y en el cierre de algunas instituciones cuyos presupuestos se sustentan en las pensiones de los estudiantes que no se matricularán. Algunos de estos estudiantes de clase media empobrecida, migrarán a la educación pública.  Aumentará la demanda por cupos en las instituciones fiscales, generando un fenómeno de masificación, aumento de número de estudiantes en las aulas, con el consiguiente deterioro de la calidad de la educación y la sobre explotación de los profesores que pasarán de 30 o 40, a tener 50 o más alumnos.

El Ecuador vive un drástico deterioro del Estado y de la educación pública, y el advenimiento de un retroceso a décadas pasadas, de los indicadores de acceso y de calidad de la educación. Sin embargo, los sectores opulentos y de clase media y alta, con sus colegios mejor dotados, soportan y superan la crisis. El resultado es la profundización de la brecha social entre ricos y pobres, también en lo económico, lo educativo y cultural. Es una bomba de tiempo.

Podría revertirse esta situación si el gobierno restituye los casi mil millones de dólares a las arcas del ministerio de educación. Con estos recursos, esta dependencia estatal podría recuperar liderazgo y credibilidad, estableciendo un plan emergente, que priorice la inversión en agua potable, higiénicos, lavamanos para las escuelas; conectividad universal, entrega de computadores y teléfonos inteligentes a estudiantes y profesores; textos escolares y materiales de apoyo para los docentes y padres de familia; capacitación a maestros; impulso a la reapertura masiva de escuelas comunitarias; contratación de docentes y psicólogos para aliviar el fenómeno de masificación y para canalizar el acumulado de presiones emocionales en los estudiantes y sus familias, algunos de cuyos hogares se tornaron en territorios de depresión y violencia.

No obstante, debido al modelo de estado y sociedad que el poder implanta utilizando a la pandemia como cortina, lo más probable es que la desinversión educativa se prolongue. El estado paulatinamente dejará de operar, generándose un vacío con el riesgo que se convierta en caos.

Tal situación, que llevaría a que los niños y niñas “no aprendan nada”, no debería ser permitida. El relajamiento del control del estado centralista, debería ser una oportunidad, para desarrollar iniciativas educativas creativas e innovadoras, sustentadas en la autonomía pedagógica, para que no se cierren las escuelas y que los niños aprendan. Entonces, y sobre la base de la propuesta de la Nueva Escuela, que tenía como fundamento la formación integral y liberadora de las personas, apuntalando una relación fecunda entre la institución educativa y la comunidad. Este sería el momento para acelerar el cambio del modelo pedagógico y para la construcción desde la sociedad, de un modelo de gestión sistémico, democrático y participativo.

“Nadie deja de estudiar” debe ser la consigna de un amplio movimiento cívico de defensa de la educación pública. Ninguna escuela se cierra y todos los niños, niñas y jóvenes se matriculan y se mantienen en el sistema educativo. El ministerio debe flexibilizar las políticas e incentivar a los directivos para que las escuelas y colegios faciliten la acción libre e imaginativa de los docentes, que trazarán alianzas con familias, comunidades, GAD, para la elaboración y ejecución de propuestas. Sí, los maestros y maestras, y sus organizaciones gremiales, deberían liderar este proceso. Es su responsabilidad histórica.

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Historiador, profesor de la PUCE, Ex Ministro de Educación y miembro del Contrato Social por la Educación.

Por Milton Luna Tamayo

Historiador, profesor de la PUCE, Ex Ministro de Educación y miembro del Contrato Social por la Educación.