guaytama

La sangre de nuestros mártires no será derramada en vano. Hace 99 años, durante gobierno de José Luis Tamayo, el ejército disparó contra los trabajadores en huelga, asesinó a centenares en las calles de Guayaquil y arrojaron los cadáveres al Río Guayas, para ocultar la masacre. La historia del asesinato de trabajadores y luchadores populares se repite como un rito macabro para asegurar los privilegios de las transnacionales y sus aliados en el país.

Hoy el Ecuador sangra en las cárceles. El escenario vuelve a ser Guayaquil, las cárceles y las calles. En medio de la inoperancia y la complicidad del Estado y la guerra entre mafias, en este año han caído asesinadas 300 personas en masacres dentro de las cárceles, a lo que hay que sumar cerca de 550 asesinatos violentos, cada 13 horas cae un nuevo asesinado en el triángulo Guayaquil, Sanbonrondón y Durán.

Entre los asesinados en la noche del 12 de noviembre en la Penitenciaría del Litoral, está el defensor del agua y de la vida, Víctor Enrique Guaillas Gutama, criminalizado y detenido durante el Levantamiento de Octubre de 2019 sin prueba alguna. Es el segundo asesinato de luchadores populares en la zona de Molleturo-Río Blanco. No es una muerte casual, hay una cadena de responsabilidades. La primera tuvo que ver con el asesinato de otro líder comunitario, Andrés Durazno, ambos resistían a la empresa minera que pese a estar suspendida por la justicia, a capa y espada quiere explotar oro en los páramos del Cajas contaminando el agua de consumo humano y de riego.  

El punto de partida es la criminalización de las luchas sociales instaurada en el COIP, aprobado el 10 de febrero de 2014, durante el gobierno de Rafael Correa. El sistema carcelario instaurado en este período, en torno a mega cárceles, siguiendo modelos externos, abandonó las posibilidades de rehabilitación y abrió paso al dominio de bandas al interior. La respuesta autoritaria del Gobierno de Lenin Moreno ante las demandas del Levantamiento de Octubre de 2019 desembocó en la muerte de 11 personas, la discapacidad de decenas de personas que perdieron sus ojos producto de la represión policial y el apresamiento de más de cien compañeros y compañeras, que siguen en las cárceles acusados de sabotaje y terrorismo. La inoperancia y la parcialización del sistema de justicia a favor de las mineras, el abuso de la detención preventiva y la prolongación de procesos sin sentencias en firme desembocaron en el hacinamiento y la mezcla de detenidos por causas menores o sociales, con delincuentes y miembros de las mafias en conflicto. La complicidad, contaminación de las fuerzas del orden encargadas de la seguridad de los centros carcelarios con los grupos mafiosos locales e internacionales, abren las puertas al ingreso de armas, dinamita, medios electrónicos, drogas. Un gobierno que no es capaz de garantizar la seguridad y la vida dentro de las cárceles produce un vacío del control del Estado, que es tomado por los grupos mafiosos.

Causa indignación ver cómo todos estos factores se ensañaron con la figura sencilla y firme del compañero Víctor: le negaron todo los recursos y le metieron en la jaula de leones. Y terminó ofrendando su vida en defensa de la vida y el agua ante la voracidad de las mineras.

El problema viene desde atrás; estamos en una situación de conmoción social y nos acercamos al borde de un Estado fallido. Ya habrá reuniones de alto nivel, hablarán de nuevas salidas represivas, de privatizaciones de los centros carcelarios. Y otra vez se acercará una nueva masacre, pues no hay voluntad para enfrentar las causas de fondo.

Hay pasos urgentes: La amnistía demandada para todos los perseguidos del Paro de Octubre 19 es apenas un homenaje a la sangre derramada por el compañero Víctor Guaillas. La liberación o medidas sustitutivas ante las detenciones preventivas o la prolongación indefinida de causas que no estén vinculadas al narcotráfico o al sicariato. La reforma del COIP para derogar la criminalización de la luchas social. La reforma del sistema carcelario, para devolverle su carácter de centros de rehabilitación. La depuración de las fuerzas policiales y armadas ante la contaminación por las mafias. La depuración y reforma de la justicia, jueces y fiscales, para que garanticen el respeto a los derechos humanos y ejerzan sus funciones con honestidad y capacidad. La rendición de cuentas ante la Asamblea, y la remoción de la Ministra de Gobierno y del Ministro de Defensa por incapacidad en el cumplimiento de funciones. La atención de las necesidades básicas, educación salud y tiempo libre, y las condiciones de vida de los barrios marginales, para evitar que sean captados y reclutados por las mafias y las maras. El viraje desde el programa neoliberal orientado a los privilegios de la banca y el rentismo, hacia un programa de reactivación productiva. Todos son pasos urgentes, para enfrentar las raíces de la violencia en las cárceles.

Son exigencias necesarias a la que Gobierno y a las diversas funciones del Estado. Aunque sabemos que no responderán, pues el poder está enfrascado en sus propios intereses. Por ello, nuestro llamado es sobre todo a los movimientos sociales, a las trabajadoras y trabajadores, a las y los campesinos, intelectuales y profesionales, jóvenes, mujeres y hombre, a juntarnos en una gran Minga por la vida, a construir desde abajo espacios alternativos de vida y paz, a abrir la otra vía de salida a los problemas. Es una cuestión de vida o muerte.

Quito, 15 de noviembre de 2021

LA COMUNA

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Por Ecuador Noticias

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