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La guerra entre bandas deja otras víctimas, los que no pertenecen a ninguna pandilla, los que no llegaron a prisión por asesinato o narcotráfico, es el caso de Víctor Enrique Guaillas Gutama, de 50 años, activista por los derechos de la naturaleza, fue asesinado durante la masacre que ocurrió el fin de semana en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Estaba recluido desde el 7 de octubre de 2019 acusado de presunto sabotaje durante las protestas de octubre de 2019.

Guaillas era un campesino de escasos recursos, oriundo de la comunidad de San Pedro de Yumate, perteneciente a la parroquia de Molleturo, del cantón Cuenca, provincia del Azuay. Lo condenaron a cinco años de cárcel. No tuvo dinero para un abogado y por eso le asignaron a una defensora pública para que lo defienda.

El último 3 de octubre, a cinco días de que Víctor Guaillas recobre su libertad por caducidad de la prisión preventiva, el Tribunal de Garantías Penales del cantón Durán, provincia del Guayas, lo declaró culpable. Fue trasladado a la cárcel de Guayaquil.

David Fajardo, representante del colectivo Yasunidos, explicó que tenían previsto una audiencia de apelación que estaba fijada para el 4 de enero de 2022 y esperaban que recupere su libertad, pues consideran que fue criminalizado por la protesta en la que participó.

Indicó que no había pruebas materiales contra Guaillas para que lo vinculen como el autor de los daños a dos motocicletas y a un patrullero de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), que se dieron en las jornadas de protesta.

Señaló que el único indicio fue los testimonios de los agentes que lo detuvieron.

Detalló que los uniformados encontraron a Guaillas entre un grupo de 50 personas donde supuestamente lo identificaron con una caneca de gasolina, prueba que no fue presentada como evidencia. Él era discapacitado, padecía de sordera.

Fajardo considera que la detención fue injusta y que tenía dos opciones para quedar en libertad: la audiencia de apelación o a través de una amnistía de la Asamblea Nacional. Denunció que la justicia negó el Habeas Corpus, a pesar de que tenía discapacidad.

Anunció que tomarán acciones legales para que el Estado ecuatoriano y el Ejecutivo asuman las responsabilidades sobre el asesinato de Víctor Guaillas. El colectivo sostiene que es una muerte política, porque surge de las decisiones que ha tomado el actual gobierno y el anterior.

Puntualizó que de manera conjunta con la Comisión de Derechos Humanos de Guayaquil ayudan a familiares de Guaillas en los trámites judiciales para poder retirar el cadáver, que será trasladado a su tierra natal para darle cristiana sepultura.

También informó que el próximo miércoles o jueves harán una vigilia en Cuenca con grupos sociales como respaldo a Víctor Guaillas y pedirán justicia.

La Policía Nacional, a través de la Unidad de Criminalística (UCM), identificó hasta el mediodía de ayer a 34 internos de los 68 reclusos que fueron asesinados en la Penitenciaría del Litioral, en el pabellón 2 y en transitoria.

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Por Ecuador Noticias

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