Concesiones de la parroquia de Buenos Aires.

Concesiones de la parroquia de Buenos Aires.

En octubre de 2017 empezó el infierno en Buenos Aires – Imbabura, un pueblo olvidado del Ecuador andino a los pies del páramo. Cuando un grupo de comuneros llevó material minero a Ponce Enríquez (Azuay) para ser analizado por las redes de minería que operan en este lugar.

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Al poco tiempo y con ayuda de las redes sociales llegaron a Buenos Aires miles de personas para aprovechar el dinero fácil que nos da la destrucción desmedida de la Madre Tierra.

Construyeron la “ciudad de plástico” a los pies de la zona de saqueo. Cuentan los comuneros/as que al principio todo era tranquilo. La gente sacaba el mineral y lo transportaba a Ponce Enríquez para su procesamiento, comercialización y posterior transporte internacional. 

El dinero atrajo a los carteles: organizaciones criminales que brindan protección a cambio de “vacunas” (pagos), provenientes de Colombia y San Lorenzo, implementado las experiencias del narcotráfico. La gente cuenta que había tres grupos diferentes de “guerros”, como denominan ellos a los grupos armados que controlaban los negocios de minería, prostitución (incluso de menores), sicariato, comida, hospedaje, alcohol, drogas, entretenimiento, transporte y pagos a elementos corruptos del Estado para transportar libremente el material de Buenos Aires (Imbabura) a Ponce Enríquez (Azuay), un viaje de aproximadamente 600 KM.

Los pobladores narran que todo era un caos. El pueblo estaba superpoblado. Las mujeres temían salir de sus casas por los múltiples casos de violencia sexual que se gritaban silenciados por las armas. Buenos Aires fue deshumanizado, las muertes casi diarias en las zonas de saqueo eran ignoradas, pues morían principalmente hermanos migrantes. ¿Cuántas madres venezolanas estarán esperando que regresen sus hijos a casa sin saber que murieron en Buenos Aires?

No hay cifras reales sobre el número de muertos. En el pueblo se habla de entre 80 a 120 personas. Pues muchos eran asesinados y enterrados en los escombros mineros.

Más tarde empezaron a procesar el material en la misma mina, construyendo pequeñas piscinas tóxicas que provocaban la muerte del ganado y los peces río. Afectando a las fuentes de agua, fauna y flora del lugar. Y lo más grave, afectando a las pequeñas poblaciones Awá que viven río abajo del pueblo, un pueblo indígena que llegó a territorio ecuatoriano varios años atrás, huyendo de “la guerra de mil días” en Colombia, para encontrarse una nueva guerra: empresas mineras versus poblaciones y sus territorios.

A finales de 2018 un insólito suceso conmociona a Buenos Aires. Aparece en una quebrada el primer poblador de su parroquia muerto. Un joven de apenas 14 años, que aparentemente estaría involucrado en el consumo y micro-tráfico de drogas que se creó en el lugar. Esta muerte y el robo violento a un poblador del sector provoca la reacción popular y queman el prostíbulo ilegal que se encontraba junto al pueblo.

Otro hecho clave para entender lo que sucede en Buenos Aires es el desalojo a los mineros ilegales que ocurrió en una operación militar el 02 de julio de 2019. Los militares ecuatorianos lograron tomar control de las zonas de saqueo. Y rápidamente Buenos Aires pasa a manos de la minería legal. Con la empresa Hanrine Exploration and Mining S.A., subsidiaria de la empresa Hancock Prospecting Pty Ltd., una las principales empresas mineras de Australia. Lo sorprendente es que el gerente y accionista de esta empresa es Carlos Miguel De Miguel III quien tiene varias denuncias en su contra por delitos graves, ha sido hallado con armas de grueso calibre, puesto en prisión pero liberado inmediatamente, tiene vínculos con el correísmo, estuvo encargado con otra empresa que sería parte de la seguridad de Julián Assange en el gobierno del prófugo de la justicia Rafael Correa.

A este señor el pueblo de Buenos Aires lo describe como alguien peligroso, armado y mafioso. La misma María Paula Romo se mostró sorprendida de que le hayan puesto en libertad tan rápido y de los intentos de intimidación legal que generó esta persona a las instituciones del estado.

Lo cierto es que Carlos Miguel de Miguel III tiene 5 concesiones mineras en Buenos Aires y un campamento minero protegido por una empresa de seguridad privada, gente comprada y la policía nacional.

Que manifiesta el pueblo de Buenos Aires:

El martes 29 de septiembre del presente año se desarrolló una gran Asamblea Popular en el territorio, organizada por la Juventud Unida de Buenos Aires en Defensa del Agua y la Vida. En ella participaron presidentes/as y delegados/as de las diferentes comunidades de Buenos Aires y en sus discursos dijeron claramente: “Cero minería”, “ni legal ni ilegal”.  En Buenos Aires están cansados de la destrucción ecológica y social de su territorio. Quieren recuperar la paz. Que se acabe el ambiente de hostigamiento y ocupación de empresas mineras que se vive en la zona. La gente busca que se restaure los daños ambientales ocasionados a sus montañas y fuentes de agua. Y que el mal gobierno deje de vender sus tierras a mafiosos. Hicieron también un enérgico llamado a los militares y a la policía nacional a que dejen de ser vendidos a las transnacionales y que se sumen a la lucha del pueblo por un territorio libre de minería, por el cuidado al agua y la paz social.

La gente aprendió de los efectos negativos de la minería ilegal y ahora no quiere ningún tipo de minería, porque sabe que legal o ilegal la destrucción social y ecológica es la misma. Muestra de su compromiso de lucha el 25 de agosto de 2020 quemaron uno de los campamentos mineros de la empresa Hanrine, luego de pedirle en reiteradas ocasiones y de forma pacífica que se retire de su territorio; ante los oídos sordos de la empresa y el mal gobierno, el pueblo ejerció y ejercerá su derecho a la resistencia.

Fotos de: Kevin Zúñiga

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Por Ecuador Noticias

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