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Los colectivos Montecristi Vive y COMUNA, hacen llegar su mirada y propuestas frente a las medidas tomadas y las anunciadas por el gobierno de Lenín Moreno y que deberán o no ser aprobadas por la Asamblea Nacional del Ecuador.

Club de Leones

El Ecuador vive una de sus crisis más complicadas y agudas. La frustración y la desesperanza popular crecen mientras el liderazgo gubernamental decae y persiste la inocultable ambición de los grupos de poder, que siguen empeñados en sostener sus ritmos “normales” de acumulación y sus privilegios, y apenas entregan puchuelas de apoyo. Sin embargo, el momento es extremo: o se aplica una redistribución agresiva y urgente de los ingresos y la riqueza –combinando justicia social y justicia ecológica– o el país se hunde en la barbarie.El modelo neoliberal ha fracasado de manera estrepitosa en todo el mundo. Hasta las voces más conservadoras llaman a realizar un giro radical de la economía. La pobreza, la exclusión social y la extrema vulnerabilidad sanitaria no solo hacen inviable, sino obsceno, un modelo que únicamente promueve desigualdad. El Ecuador está afrontando las consecuencias no solo de ese modelo global, sino de la incapacidad política interna para promover los cambios que la población demanda y necesita.

Tan duro momento exige dejar de lado las lecturas supuestamente apolíticas. Eso no existe. Toda lectura es política y hoy más que nunca: es la hora de la política, no de la politiquería. Y lo es porque en la tragedia humanitaria que vivimos ninguna aventura dictatorial es admisible. Debemos asumir la gravedad de la hora fortaleciendo la institucionalidad democrática en todos los ámbitos: desde la administración de justicia (donde persisten aquellos corruptos que quieran “meter la mano”), hasta el propio manejo económico (donde la pérdida de tiempo implica la pérdida de más vidas).

Pensando en la economía, que no debería ser otra cosa que pensar en la subsistencia, la urgencia es clarísima: se debe destinar todos los recursos posibles para superar la pandemia del coronavirus, así como para impedir que el hambre y la miseria destrocen la vida de millones de familias. La vida es lo primero. Ni la deuda externa ni los privilegios de unos pocos pueden ir por encima de la vida. Hoy más que nunca la economía debe abandonar sus lógicas de acumulación y ser solidaria, justa, equitativa, poniendo en el centro a la vida humana y natural, siempre en armonía. No podemos seguir aplicando un modelo de economía privatizador, inequitativo y concentrador de riqueza y privilegios.
La construcción de un Estado plurinacional, social y popular ya no es una opción, es una obligación civilizatoria. No se puede permitir la consolidación de un Estado represor y cómplice de los grupos oligárquicos luego de la pandemia. La democracia debe ocupar todo el Estado, pero no una democracia al servicio del capital, sino desde la más amplia diversidad y participación colectiva en la toma de decisiones.

Sin embargo, en el Estado no está toda la solución. Para sobrevivir a semejante crisis son cruciales las comunidades indígenas, las redes barriales populares, las brigadas que atienden salubridad y alimentación y las demás organizaciones nacidas desde abajo, subvirtiendo el orden de explotación y discriminación existente. Solo el pueblo salva al pueblo.
Solo desde un nuevo Estado, más democrático y equitativo, puede enfrentarse la pandemia y salvar el mayor número posible de vidas. Sin redistribución ni democracia no podremos superar esta crisis. Por ello, invitamos a organizaciones como el Parlamento de los Pueblos, la CONAIE, el FUT y el Frente Popular a buscar acuerdos amplios, con respuestas concretas que impidan cualquier atropello a los Derechos Humanos y de la Naturaleza.

Debemos exigir medidas drásticas para transformar profundamente el modelo de salud que nos han impuesto desde lógicas empresariales y curativas. La pandemia ha confirmado que únicamente un sistema de salud basado en la solidaridad y en la prevención puede responder eficazmente no solo a una emergencia, sino a los derechos de las grandes mayorías. Desprivatizar el sistema de salud es una urgencia.

Así, y recordando las propuestas económicas del Parlamento de los Pueblos, proponemos:

•Socialización inmediata de la banca.
•Instrumentar un sistema tributario en donde realmente quien más gana y más tiene, contribuya más y en proporciones crecientes. Para financiar la salida de la crisis, es hora de aplicar un impuesto a todo patrimonio (tanto de personas naturales como de sociedades) que supere, por ejemplo, el millón de dólares. Mientras más alto sea el patrimonio, más alta debe ser la tasa impositiva por aplicar. Dicho impuesto también debe aplicar a los patrimonios de personas naturales y sociedades ecuatorianas que los tengan resguardados fuera del país.
•Atención prioritaria para médicos, enfermeras, tecnólogos y diversos empleados en hospitales y clínicas, que enfrentan a la pandemia hasta con la vida. Urge asegurarles un ingreso digno y un seguro público para atender sobre todo a las familias de quienes fallecen en este duro empeño. Igualmente urge subordinar al sistema privado a la política pública de salud, la cual debe empezar a replantearse: jamás olvidar que la salud es un derecho, no un negocio.
•Transferir directamente recursos y alimentos a las personas directamente afectadas por la pandemia. A causa de la cuarentena, millones de compatriotas no pueden trabajar y si no los mata el coronavirus, los matará el hambre.
•Crear un ingreso mínimo extraordinario para todos los desempleados. Esto debe pensarse como paso previo a una renta social mínima para todos los grupos vulnerables, y que incluso podría llegar a quienes no tienen un empleo estable.
•Destinar recursos –vía créditos y asistencia técnica– a pequeños y medianos productores y cooperativas de producción y consumo, para evitar su extinción durante la crisis, asegurando la mayor cantidad de puestos de trabajo. Cabría pensar, incluso, en que cualquier sacrificio que asuman los trabajadores sea compensado con participación efectiva en la propiedad de sus empresas.
•Rechazar los despidos en el sector público. Y en vez de ello, cargar el peso del ajuste en este sector a todos quienes ganen más de dos mil dólares al mes, a quienes la diferencia se podría pagar en dinero electrónico; dinero que debe introducirse bajo control directo del Estado, y pensando en oxigenar a la economía para una etapa pospandemia.
•Garantizar recursos a la educación, sobre todo para mejorar y ampliar las capacidades tecnológicas que permitan la enseñanza en línea. A la par de cambiar toda disposición burocrática, se debe exigir que las empresas de internet abran sus canales de forma ilimitada, e incluso que ayuden con la entrega de equipos que vuelvan posible la educación en línea y la transferencia de informaciones. Así, será indispensable que toda la población pueda, por lo menos durante los próximos seis meses, acceder de manera ilimitado al servicio de Internet.
•Plantear la moratoria de toda la deuda externa.
•Llamar a construir desde la sociedad una salida justa y equitativa a la crisis. Es indispensable generar un debate público con todos los sectores sociales que han manifestado su voluntad para lograr un acuerdo que preserve los derechos de la población e impida recargar los costos de la crisis sobre los más pobres.

Hoy, el gobierno ha planteado un paquete de medidas para paliar la crisis económica y social. La exigencia de aportes extraordinarios a los sectores empresariales privados es positiva, pero insuficiente. Esos sectores, que se beneficiaron abundantemente durante la bonanza anterior, deberían aportar con mayores montos de los previstos. Al final, seguiremos siendo los de a pie quienes contribuyamos con la mayor parte de los gastos para la emergencia.

Estamos próximos a vivir una de las más grandes crisis de la civilización del capital a escala mundial (con amenazas a la democracia en múltiples rincones, todas las cuales rechazamos). En medio de esa crisis, el Ecuador no puede heredar ricos más ricos, y pobres más pobres. Esta es una cuestión vital.

¡A redistribuir y democratizar!

Tomado de Pressenza

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Por Comuna