Justo cuando el gobierno finaliza y la desprestigiada Asamblea Nacional está por concluir sus funciones, se aprobó la llamada ley para la defensa de la dolarización, respaldada por una creciente presión mediática.  Sus consecuencias son múltiples y preocupantes.

La nueva ley se apalancó desde la falacia de transformar a la dolarización en el gran objetivo nacional. Lejos quedaron aquellos discursos que impusieron la dolarización en el año 2000, anunciando que por sí sola resolvería muchos de los graves problemas de la economía ecuatoriana de entonces. Desde la propaganda y la promesa de una compleja estabilidad cambiaria, gran parte de ecuatorianos respaldan la dolarización. Y ahora vemos cómo necesita de un discurso del terror para apuntalarla, como aquello de salir de la dolarización equivaldría a entrar al infierno… venezolano.

Evidentemente, un sistema de estabilidad cambiaria extrema como la dolarización requiere de dólares, y ese es un tema económico. Y esos dólares deberían provenir, idealmente, de la actividad productiva: sobre todo exportaciones e inversiones. Pero, en la práctica, parte importante de los dólares llegan gracias al endeudamiento externo, remesas de migrantes y se hacen presentes también los narcos dólares.

Pero en vez de buscar condiciones para que el Ecuador rompa su dependencia de los dólares de la deuda, la ley “defensora” de la dolarización salta al pasado. La supuesta independencia del Banco Central ya la vivimos con la Junta Monetaria. Y ahora se quiere no solo retornar a ese control de la banca privada; también se establece varias restricciones a los sectores de la economía popular y solidaria con crecientes y limitantes obstáculos a las cooperativas de ahorro y crédito.

Un punto muy complejo es el uso de las reservas monetarias que, en situaciones extremas, deberían brindar una suerte de “escalera de emergencia”, sin que tampoco pueda ser convertida en una simple caja chica de cualquier gobierno, como pasó en el período correista. Pero tampoco pueden congelarse en momentos de crisis -como ya dispone la ley de “fomento productivo” de 2018- pues, como vemos actualmente, el Ecuador tiene una moneda sana mientras su pueblo está enfermo… Basta remitirse a la ausencia de vacunas para enfrentar la pandemia del coronavirus, mientras la reserva monetaria internacional alcanza niveles relativamente altos. Si eso es criticable, peor resulta –tal como se propone en la ley– abrir la puerta para que esas reservas monetarias apuntalen a la banca privada. Es intolerable presentar como “defensora de la dolarización” una ley que apunta a la “defensa de la banca privada”.

La idea de impulsar un Banco Central técnicamente autónomo a primera vista parece saludable. Pero, al pensar en políticas económicas, la autonomía e independencia son meros ideales abstractos que ocultan intereses concretos. Por eso se requiere una institucionalidad  administrativa del Banco Central del Ecuador que no esté controlada por representantes de la banca privada, sino que se conforme por representantes de diversos sectores de la sociedad (academia, gremios y similares) sin marginar la presencia -con voz y voto- de delegados del propio gobierno.

Además, la ley “defensora de la dolarización” posee varias inconstitucionalidades, que deberán dar lugar a las correspondientes acciones en la Corte Constitucional.

Por estas razones, exhortamos a la próxima Asamblea Nacional para que revise todos aquellos puntos complejos e inconstitucionales, y de ser del caso derogue la mencionada ley. Igualmente esperamos que asuma su responsabilidad para establecer un marco legal que regule, organice y fortalezca al sistema financiero liberándolo de las ataduras impuestas por el cartel de la banca privada y el FMI. Un empeño que demanda una alianza pública-solidaria compuesta por la banca estatal, la banca de la seguridad social, las cooperativas de ahorro y crédito y el Banco del Pacífico.

La banca debe subordinarse al bienestar social, no al revés.

Quito, 27 de abril de 2021

Comisión de Vivencia Fe y Política. COVIFEP.                         

Responsables: Pablo Ospina y Xavier Guachamín.         

Comuna.

Responsable: Natalia Sierra    

Movimiento Revolucionario de los Trabajadores. MRT.

Responsable: Fernando López Romero y Carlos Rojas  

Montecristi Vive.

Responsable: Juan Cuvi.

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Por Ecuador Noticias

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